El regulador senitario nacional Anvisa dijo que “notificó este lunes a sus puestos fronterizos, especialmente en los aeropuertos, sobre el cumplimiento inmediato de la decisión del Supremo Tribunal Federal que determina la exigencia del comprobante de vacunación para los viajeros que ingresan al país”.

La medida responde a una orden de un juez de la corte suprema que el sábado tornó obligatorio el pasaporte sanitario para entrar a Brasil con el fin de evitar la propagación de la variante ómicron.

Aunque la determinación debe ser validada entre miércoles y jueves por otros nueve magistrados del máximo tribunal, Anvisa aseguró que empezó a ejecutarla este lunes en todos los aeropuertos con llegada de vuelos internacionales.

“La decisión [del tribunal] tiene efecto inmediato, sin plazo de adecuación, y, por eso, exige de la Agencia la realización de evaluaciones puntuales, especialmente en relación con los pasajeros que ya estaban en movimiento o en tránsito en el momento en que la decisión fue emitida”, afirmó Anvisa en su nota.

Ante la detección de casos de ómicron, el organismo recomendó al gobierno pedir el carné de vacunación, pero Bolsonaro, un crítico de las medidas de prevención contra el covid y que rechaza vacunarse, lo descartó alegando que es una “correa” para el pueblo brasileño y que atenta contra la “libertad”.

El Ejecutivo optó entonces por instaurar la cuarentena obligatoria de cinco días a los viajeros sin inmunizar que lleguen a Brasil, una medida que también fue recomendada por Anvisa. Ese requisito, no obstante, entrará en vigor el l8 de diciembre.

En las últimas semanas, los brasileños han sido testigos de un intenso debate entre el gobierno, científicos y autoridades locales sobre si se debe exigir el certificado de vacunación, cuando el país registra al menos once casos de la variante ómicron y espera una mayor llegada de turistas durante las fiestas de fin de año.

Brasil acumula más de 616.000 muertos desde el inicio de la pandemia, el segundo país con más fallecidos en números absolutos después de Estados Unidos.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA

La cifra de muertos por las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sul ha ascendido a 32.

La Defensa Civil ha registrado 29 fallecidos. Entretanto, el canal RBS TV, citado por el portal G1, constató la muerte de tres personas más: dos en la localidad de Taquara y una en Sao Vendelino, con información de prefecturas, cuerpos de bomberos, Policía Militar y otras organizaciones locales.

En su más reciente balance, de la tarde de este jueves, la Defensa Civil señala que hay 60 personas desaparecidas y 36 heridas. Se calcula que hasta el momento son 71.306 los afectados, de los cuales más de 14.800 han tenido que abandonar sus viviendas. De estos, 10.242 se encuentran sin hogar (en casas de familiares o amigos) y 4.645 permanecen en albergues temporales.

De los 496 municipios de Rio Grande do Sul, 154 ya se han visto afectados por inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de puentes, entre otros.

La Defensa Civil advirtió que la mayoría de cuencas fluviales del estado están en riesgo de desbordamiento. Asimismo, el gobernador, Eduardo Leite, emitió advertencias sobre los peligros de nuevos derrumbes. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal monitorea las represas en varias regiones ante la probabilidad de que sus niveles provoquen nuevos aumentos significativos en los caudales de los ríos. Las precipitaciones provocaron hace poco el colapso parcial de la presa 14 de julio, localizada en el caudal del río Das Antas.

En el marco de la catástrofe, Leite declaró anteriormente el estado de calamidad pública, señalando que se trata del “mayor desastre natural” al que se han enfrentado. De este modo, Rio Grande do Sul está en condiciones de solicitar recursos federales para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Las autoridades locales aseguran que con el apoyo de los gobiernos de otros estados y de las Fuerzas Armadas ya se ha logrado el rescate de más de 4.000 personas en zonas afectadas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó al estado este jueves, pero las condiciones meteorológicas le impidieron llegar a las zonas afectadas.

La Policía maneja hipótesis que rodea al asunto. Uno dice que ocurrió por una falta de atención, aunque por el momento van a seguir con la investigación, porque también existe la posibilidad de que pudiera haber sido adrede.

La información proveída por los investigadores menciona que se utilizó vino blanco en lugar de agua para diluir la leche en polvo. La abuela sostiene que se confundió porque se encontraba dentro de una botella oscura. El niño ingirió parte del contenido, pero al rato rechazó seguir bebiendo.

Te puede interesar: Ruta del dinero que pagó a sicarios de Pecci: “Algo tienen”, dicen sobre presunción en EEUU

Allí la abuela afirma que se dio cuenta del error y avisó a la madre. Llevaron al niño de inmediato a la sala de emergencias del Perrino, donde fue trasladado a Pediatría y recibido de inmediato por los médicos para un tratamiento urgente. Esto incluyó el lavado gástrico y luego la intubación, antes de ser trasladado al hospital pediátrico Giovanni XXIII en Bari, donde actualmente está en la unidad de cuidados intensivos.

La condición del bebé es estable por el momento y parece que mejora ligeramente, pero debido a su corta edad existe un gran peligro para su vida. El pronóstico es reservado y se está considerando si se le puede extubar. Los Carabinieri de la compañía de Brindisi son los que están investigando lo ocurrido, pero por ahora no hay abierto ningún caso.

Fuente Infobae/ Agencias